Discute la responsabilidad de los editores de las secciones de un diario por delitos por intromisión cometidos por sus reporteros.

En estos tres casos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intentó invalidar ante la Corte Interamericana los mecanismos adoptados por el Estado peruano para reordenar los procedimientos antiterroristas empleados en los años 90 y revisar las condenas impuestas en esa década.

El caso se siguió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con ocasión a una masacre cometida en Lima en noviembre de 1991 por el Grupo Colina. El Estado peruano aceptó su responsabilidad en los hechos y produjo una sentencia que permitió reabrir las investigaciones sobre el suceso.