El Grupo Colina

La creación o impulso y la caída del Grupo Colina dentro del servicio de inteligencia de los años 90 parece tener una enorme potencia descriptiva sobre la forma en que se organizaron las relaciones entre la Presidencia de la República y Montesinos Torres en el periodo.

Fujimori asumió el mando de la república en julio de 1990. En su primer año de gobierno el centro de su actividad política parece asociado a la organización y lanzamiento del programa de ajuste económico, anunciado por el Ministro de Economía Hurtado Miller poco más de una semana antes de haber asumido el mando. Pero terminado el primer año de gobierno, en agosto de 1991, Fujimori suscribió una felicitación por escrito a los 4 principales integrantes del grupo Colina, Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, Santiago Martin Rivas, Carlos Pichilingue Guevara y Marcos Flores Alván. Poco después se registraron las primeras transferencias de equipos a esa agrupación y en noviembre de ese año el grupo Colina perpetró la masacre de Barrios Altos, a solo unas calles de Palacio de Gobierno, en una acción organizada con tal nivel de exposición pública que sugiere una manera de forzar al Presidente a tomar una decisión drástica sobre el rumbo a seguir en esta área.

En el mismo mes de noviembre el gobierno envió al Congreso un paquete de decretos legislativos con reformas al régimen económico y de seguridad. El paquete de decretos económicos contó con amplio respaldo en la comunidad, pero muchos de los 40 decretos sobre seguridad nacional pusieron en evidencia un golpe de timón fuertemente cercano a las proposiciones de las líneas más duras de la comunidad militar, aún afectada por las secuelas de las denuncias sobre la masacre de Cayara de finales de los años 80. El Congreso desaprobó 15 de estos decretos.

En abril de 1992 Fujimori disolvió el Congreso, impuso sus esquemas de reforma por decretos ley y paralizó las investigaciones que se estaban haciendo sobre la masacre de Barrios Altos. Tomó además el control de las principales reparticiones públicas, entre ellas las fiscalías, el Poder Judicial y el Tribunal de Garantías Constitucionales que fue disuelto.

En julio el grupo Colina perpetró la masacre de la Universidad La Cantuta, aparentemente como represalia por el atentado terrorista registrado el mismo mes en la calle Tarata en Miraflores.

Jaime Salinas lideró un intento de contragolpe institucional en noviembre de 1992. En mayo de 1993 Rodolfo Robles Espinoza, General de División del Ejército, denunció a través de una carta la existencia del grupo Colina, antes de exiliarse en Argentina. En abril de 1993 el autodenominado grupo “coroneles, mayores y capitanes”, “COMACA”, entregó a un congresista de la república los planos con los que la Revista “Sï” encontró las fosas en que se habían enterrado los cadáveres de los desparecidos de La Cantuta.

El escándalo desatado por el hallazgo provocó la disolución del grupo Colina.

En febrero de 1994 el Congreso entregó a la jurisdicción militar las investigaciones sobre la masacre de la Universidad La Cantuta, interrumpiendo la deliberación que la Corte Suprema estaba haciendo sobre la jurisdicción en la que el caso debía investigarse. En agosto de 1994 el General Hermoza condecoró a dos miembros del grupo Colina, Nelson Carbajal García y Antonio Sosa Saavedra, condenados tres meses antes por la jurisdicción militar por la masacre de La Cantuta.

En abril de 1995 la fiscalía presentó cargos penales al Poder Judicial por la masacre de Barrios Altos. En junio el Congreso aprobó una ley de amnistía a favor del personal militar involucrado en casos por violaciones a los derechos humanos. Días después la Jueza Antonia Saquicuray declaró que la ley no seria aplicada al procedimiento de instrucción iniciado por el caso Barrios Altos. En respuesta, sólo días después el Congreso aprobó una segunda ley prohibiendo la revisión judicial de la amnistía. Al amparo de esta ley una Sala de Apelaciones revocó la decisión de la Jueza Saquicuray en julio. La Corte Suprema se negó a revisar el caso y la ley de amnistía se aplicó y permitió que se ponga en libertad a los miembros del grupo Colina, que permanecían recluidos en establecimientos militares por la condena que les fue impuesta por su propia jurisdicción en 1994, a consecuencia del descubrimiento de las fosas en que fueron enterrados los desaparecidos de La Cantuta.

La ley de amnistía sólo fue removida del ordenamiento jurídico en marzo de 2001, cuando una Sentencia de la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos la declaró incompatible con las obligaciones del Estado derivadas del Pacto de San José. Una segunda sentencia de la Corte, emitida en setiembre, declaró además que esta incompatibilidad debía entenderse aplicable a cualquier caso semejante al que había sido materia de fallo.

La condena impuesta a Fujimori en abril de 2009 como responsable por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta debe ser entendida como un reproche por haber autorizado o no haber impedido la formación del grupo Colina, perpetrador de ambos crímenes.