Montesinos

Vladimiro Montesinos fue asesor presidencial en cuestiones de seguridad interna y jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) desde que Alberto Fujimori Fujimori ganó las elecciones en 1990 hasta el final de su gobierno. Su capacidad de influencia tuvo puntos decisivos de expansión entre los que puede destacarse el encubrimiento presidencial en la masacre de Barrios Altos en noviembre de 1991, el golpe de Estado de abril de 1992, la intervención al Poder Judicial y al Ministerio Público en 1996, el control del escándalo que protagonizó el narcotraficante Chavez Peñaherrera el mismo año, cuando lo acusó públicamente de haber sido su socio, y la disputa por el mérito en el planeamiento del rescate de los rehenes del MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru) secuestrados en la casa del Embajador del Japón, que desembocó en la salida del General Hermoza Ríos de la Comandancia General de las Fuerzas Armadas en 1997.

Para 1998, Montesinos era sin duda alguna el personaje más influyente del entorno del entonces Presidente Fujimori y el principal organizador de la campaña para su reelección en el año 2000.

El 14 de setiembre de 2000, los congresistas Fernando Olivera y Luis Iberico proyectaron en una conferencia de prensa un video en el que se veía a Montesinos entregando US$ 15 mil al entonces congresista electo de Perú Posible, Alberto Kouri, a cambio de abandonar la oposición e integrarse a la bancada fujimorista, que no había logrado alcanzar la mayoría que obtuvo en las elecciones de 1995. Producido el escándalo, el 16 de setiembre del mismo año, Alberto Fujimori tomó distancia de su asesor principal, pidió una investigación sobre los hechos, anunció la desactivación del SIN y convocó a elecciones generales, anunciando que él no participaría en ellas.

A fines de setiembre, Montesinos fugó a Panamá en un avión privado con US$ 15 millones en efectivo que le fueron entregados por órdenes directas del presidente Fujimori. Regresó el 23 de octubre para volver a escapar el día 29, en el velero Karisma, de José Lizier Corbetto, con dirección a Costa Rica y Venezuela.

El 2 de noviembre, las autoridades suizas informaron la intervención de las cuentas bancarias abiertas en ese país a favor de Montesinos hasta por US$ 48 millones. El 6 de noviembre se ordenó la detención del ex asesor presidencial y el embargo preventivo de sus bienes.

El 9 de noviembre de 2000, Fujimori organizó un operativo utilizando un falso fiscal para apoderarse de cerca de 40 maletas con videos que habían sido escondidos en la casa de Trinidad Becerra, ex esposa de Montesinos. Los bienes fueron trasladados a Palacio de Gobierno donde fueron exhibidos a la prensa. Al día siguiente se informó que habían sido depositados en una Notaría de Lima, para luego ser trasladados a Palacio de Justicia.

El 19 de noviembre de 2000, Fujimori renunció a la Presidencia, la cual fue asumida provisionalmente por Valentín Paniagua Curazao.

Para inicios de 2001, se habían difundido 18 de los videos hallados en las maletas de la casa de Becerra, grabados entre abril de 1998 y mayo de 2000. En ellos se verían reuniones entre Vladimiro Montesinos y personajes ligados a medios de comunicación, al Ejército, empresarios y políticos: Alberto Kouri (congresista), Calmell del Solar (director del diario Expreso), Ernesto Gamarra (congresista), Alipio Montes de Oca (vocal supremo), Luis Serpa Segura (titular del Jurado Nacional de Elecciones), Víctor Raúl Castillo Castillo (presidente del Poder Judicial), Luis Bedoya (candidato a la alcaldía de Miraflores), Jaime Beltrán (vocal supremo), Agustin Mantilla (secretario general del APRA), Dionisio Romero (presidente Grupo BCP), Carlos Boloña (ministro de economía), Samuel y Mendel Winters (empresarios, accionistas minoritarios canal 2), Walter Hernández (JNE), José García Marcelo (magistrado del Tribunal Constitucional), Luisa Cuculiza (congresista fujimorista), Javier Valle Riestra (presidente del Consejo de Ministros), Rómulo Muñoz Arce (magistrado) y Milagros Huamán Lu (congresista de Perú Posible).

El ex asesor presidencial fue capturado el 21 de julio de 2001 en Venezuela. Cinco días después, fue expulsado y trasladado al Perú. Para entonces Montesinos debía responder en 52 juicios por cargos de corrupción de funcionarios, lavado de dinero procedente del narcotráfico, tráfico de influencias, defraudación tributaria, tortura, asesinato y enriquecimiento ilícito.

En enero de 2001, los generales José Villanueva Ruesta, Luis Delgado Arenas, Luis Delgado de la Paz, Juan Yanqui Cervantes, Walter Chacón Málaga, Carlos Cubas del Portal y los coroneles Roberto Huamán Ascurra y José Abel Villalobos fueron encarcelados por enriquecimiento ilícito y complicidad con Montesinos. Otros siete oficiales tenían impedimento de salida del país, entre ellos, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, ex jefe de las FFAA; y cuatro estaban prófugos: el general en retiro Víctor Malca Villanueva, el mayor Alejandro Montes Walters, el capitán Javier Pérez Pezo y el técnico Manuel Túllume Gonzales. Según la fiscal Ana Cecilia Magallanes, los compañeros de Montesinos recibieron del ex asesor US$ 1 millón cada uno como un regalo por sus respectivos ascensos. Un total de US$14.5 millones fueron repartidos entre los amigos de Montesinos a través del Banco Latino que giró el dinero desde Nueva York.

Para mayo de 2001, habían 530 personas investigadas por vínculos con la organización de Montesinos, 50 de ellas detenidas.

El 14 de julio de 2001, la Comisión Waisman del Congreso, presentó sus conclusiones.  En el informe se sostiene que Vladimiro Montesinos utilizó información de inteligencia para involucrarse con el narcotráfico, llegando a ser jefe de la mafia del narcotráfico en el Perú, vinculado a personas como Pablo Escobar y Evaristo Porras Ardila, entre otros capos de cárteles internacionales.  El 15 de junio de 2002, una segunda comisión del Congreso, presidida por Anel Towsend, emitió un segundo informe sobre el caso. De acuerdo al informe, el total hallado a disposición de Montesinos en Estados Unidos, Suiza, Gran Caimán, México y Bolivia superaba los US$ 192 millones. Este informe también confirmó que los fondos hallados en el exterior provenían del desvío de recursos de diferentes sectores ministeriales y de las comisiones ilegales de la venta de aviones MIG 29, MIG 29S y SU 25, en los años 98 y 99, y que el Banco Wiese Sudameris tuvo un papel importante en la movilización de parte de los fondos desviados desde el Perú. El documento describe las actividades de Venero Garrido, Luis Duthurburu Cubas y Juan Valencia Rosas, tres empresarios que habían organizado su propia red de corrupción con empresas fachada para ganar licitaciones con el Estado en procesos que incluían la compra de un lote de aviones a Bielorrusia. También confirmó la intervención de James Stone, Ilan Weil Levy, Mordechai Mintzer, Rony Lerner, Zwi Sudit y Abraham Isaac Veroslavsky Goldbergtres, todos israelíes, en el pago de sobornos a Montesinos por la compra de 3 aviones rusos a finales de los años 90.

A inicios de setiembre del año 2002, el general de brigada del ejército, Oscar Villanueva Vidal, se suicidó mientras cumplía una orden de arresto domiciliario.

A finales de noviembre de 2002, en los Estados Unidos, el fiscal federal William Brown anunció tener evidencias que indicaban que Montesinos Torres se había involucrado además en el abastecimiento de misiles aire tierra, adquiridos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde Jordania a un traficante de armas detenido por el FBI, Sarkis Soghanalian.

Desde que se iniciaron estos casos, Montesinos Torres ha sido condenado por haber organizado el Grupo Colina y por haber ordenado que este comando paramilitar ejecutara las masacres de Barrios Altos y La Cantuta (noviembre de 1991 y mayo de 1992). Ha sido condenado, también, por involucrarse con el abastecimiento de misiles tierra aire a las FARC, por apoderarse de fondos del Estado y por recibir y pagar sobornos a funcionarios públicos, a opositores y a directores de medios de comunicación y comunicadores; así como por coludirse con particulares para la firma de innumerables contratos públicos, los más importantes relacionados con el abastecimiento de aviones de combate para la Fuerza Aérea.