Proyecto Nuevo Horizonte

El 4 de mayo de 2017 la fiscalía abrió una investigación preparatoria destinada a establecer las circunstancias en que las autoridades del sector vivienda concedieron registró como promotor del programa Techo Propio a Inversiones Acuario SAC.  El registro se autorizó el 14 de  junio del 2011 el régimen del Bono Familiar Habitacional.  La disposición que inició la investigación sostenía que el registro no debía concederse porque la empresa había presentado un proyecto sin licencia de edificación, con una habilitación urbana emitida por una municipalidad incompetente, sin probar suficientemente que contaba con financiamiento y con confusiones entre la descripción de las condiciones en que se entregaría el proyecto y el presupuesto de construcción. 

En el marco de la investigación probamos que el predio propuesto para el desarrollo del proyecto era rústico, de modo que no podía tener una licencia de construcción.  La habilitación urbana había sido concedida por la Municipalidad Provincial de San Martín, competente porque la municipalidad distrital de Banda de Shilcayo había declarado ya que no contaba con una comisión técnica que le permitirá atender procedimientos de este tipo; que la demostración de respaldo financiero no estaba regulada, y que en este caso Inversiones Acuario habría presentado una carta de interés en el proyecto suscrita por una entidad registrada por la Superintendencia de Banca y Seguros y que las supuestas incongruencias entre los presupuestos del proyecto y las referencias empleadas al describir las características de entrega de los inmuebles por construir se referían solo a especificaciones de detalles técnicos compatibles entre si. 

La Fiscalía propuso el sobreseimiento del caso el 13 de febrero del 2019.  El 20 de febrero del 2020, a pedido del juzgado, la Fiscalía Superior ratificó el pedido.

El 30 de setiembre de 2020 el juzgado archivo el proceso a favor del señor Armando Aliaga. 

Nota final. 

El caso incluyó cuestionamientos relacionados al precio de las viviendas, los desembolsos de fondos requeridos con ocasión al proyecto, incumplimientos en los cronogramas de obras y defectos en la supervisión que fueron reprochados a personas distintas a la que defendimos.  Estos extremos también fueron desestimados como resultado de las investigaciones de este caso .