Fujimori

Alberto Fujimori fue elegido Presidente de la República el 28 de julio de 1990. El 5 de abril de 1992 clausuró el Congreso de la República y el Tribunal de Garantías Constitucionales, intervino el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura y anunció la instalación de un gobierno transitorio que originó la Constitución de 1993.

Fue reelegido para el periodo 1995 – 2000 y nuevamente para el periodo 2000 – 2005, en base a un fuerte respaldo popular que reconocía en él al presidente que estabilizó la economía y derrotó al terrorismo en el país. Sin embargo en el segundo semestre del año 2000 el gobierno entero quedó expuesto por un escándalo sin precedentes  provocado por la difusión de un video en que se veía a su principal asesor de seguridad interior e inteligencia, Vladimiro Montesinos Torres, sobornando a un congresista electo, Alberto Kouri Bumachar. La crisis se agravó cuando se difundió, también en noviembre, que el gobierno Suizo había intervenido cuentas abiertas en ese país con US$ 30 millones depositados a favor de Montesinos Torres por tres comerciantes rusos de armamento.

La crisis se expandió a niveles incontenibles en noviembre, cuando llegaron a las autoridades 70 maletas conteniendo 155 videos que habían sido secuestrados y revisados primero por el propio Fujimori, simulando una intervención de la Fiscalía.

Montesinos fugó a Panamá en octubre y el Presidente fugó al Japón, en noviembre. Destituido, el gobierno fue entregado interinamente a Valentín Paniagua Curazao, que llamó a elecciones generales para abril del año 2001.

Montesinos fue detenido en Venezuela en junio de 2001 y expulsado para ser juzgado en el Perú por cargos que van desde la desviación de fondos públicos hasta el asesinato, pasando por sobornos, fraude en contratos públicos y tráfico ilícito de drogas.  El caso judicial contra Fujimori tomó forma cuando el ex presidente, ya requerido por la justicia, decidió viajar desde el Japón a Santiago de Chile, donde fue detenido en noviembre de 2005 para su extradición. Los tribunales chilenos aprobaron la extradición el 21 de setiembre de 2006 y ampliaron la autorización de juicio el 13 de noviembre de 2012.

Los cargos en contra de Fujimori fueron organizados en perspectiva al juicio de extradición sobre la base de los casos más importantes presentados contra Montesinos Torres. De la lista de casos posibles las autoridades eligieron (1) Las masacres de Barrios Altos, de noviembre de 1991 y de la Cantuta, de mayo de 1992, perpetradas por un escuadrón de aniquilamiento denominado «Grupo Colina»; (2) El secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, en el contexto del golpe de estado de abril de 1992;  (3) El allanamiento de la casa de Trinidad Becerra en noviembre de 2000 de donde se tomaron las 70 maletas que luego fueron entregadas a las autoridades con los videos registrados en la oficina de Montesinos Torres pagando sobornos a diferentes personalidades; (4) La entrega de US$ 15 millones a Montesinos antes que fugue a Panamá; (5) La compra de Canal 4 de televisión; (6) La escucha ilegal a opositores políticos durante su gobierno; (7) El soborno a opositores y (8) El financiamiento de un grupo de pasquines de prensa amarilla en el marco de la campaña electoral de 1999 – 2000.

Fujimori ha sido condenado por 6 de estos 7 casos. El 11 de diciembre de 2007 Fujimori fue condenado por el allanamiento de la casa de Trinidad Becerra a 6 años de prisión; el 20 de julio de 2009 por la entrega de US$ 15 millones a Montesinos a 7 años 6 meses de prisión y a fines de setiembre de ese año aceptó su responsabilidad por sobornar opositores y ordenar escuchas ilegales. El 30 de setiembre fue condenado a seis años de cárcel por la compra de Canal 4.  La condena más importante, que corresponde al caso por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta y por los secuestros de abril de 1992, fue impuesta el 7 de abril de 2009 y contiene una orden de privación de libertad por 25 años. Esta condena fue ratificada por la Corte Suprema en enero de 2010.

El 8 de enero de 2015, la Cuarta Sala Penal Liquidadora condenó a Alberto Fujimori a 8 años de prisión por el financiamiento de varios diarios de prensa amarilla durante la campaña electoral de los años 1999/2000.  El 16 de agosto de 2016, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema anuló la condena declarando que Fujimori no tenía competencia funcional para administrar o custodiar los fondos asignados al SIN, por lo que no podía ser considerado autor del delito.

En julio de 2012, el juez de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, redujo las penas de 25 a 20 años de prisión para los máximos responsables del Grupo Colina, determinando que la matanza de Barrios Altos no constituía un delito de lesa humanidad. En setiembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó una resolución emitida el 7 de ese mes resolviendo que el fallo de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema “es incompatible con los compromisos adquiridos por el Perú al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

A fines de octubre del año 2015, el Estado solicitó una nueva ampliación de la autorización para llevar a juicio a Fujimori por la matanza de Pativilca en 1992, también perpetrada por el Grupo Colina.

El 14 de octubre de 2015 el Ministerio Púbico solicitó que Fujimori, el Comandante General del Ejército Hermoza  Ríos, el Jefe del SIN Salazar Monroe, Montesinos Torres, dos ministros y 4 altos oficiales del Ejército sean condenados por el secuestro del general del Ejército en retiro Jaime Salinas Sedó y de 25 oficiales opositores de las Fuerzas Armadas perpetrado en noviembre de 1992.  La acusación solicitó condenas que van de los 17 a los 20 años de privación de libertad.

El 10 de octubre de 2012 los cuatro hijos del expresidente pidieron a Ollanta Humala que indulte a su padre por razones humanitarias, sosteniendo que tenía problemas serios de salud luego de haber sido operado hasta en 5 oportunidades para remover células cancerígenas de su boca.  El 7 junio de 2013, el presidente Ollanta Humala rechazó la solicitud de indulto.

En noviembre de 2014 la Corte Suprema rechazó una demanda de revisión de condena presentada por la defensa de Alberto Fujimori. Según registros de los medios de prensa, la condena contra Alberto Fujimori ha intentado ser anulada por medio de tres hábeas corpus, el principal de los cuales fue desestimada por Sentencia del Tribunal de mayo de 2016. El 19 de mayo de 2017 Keiko, la hija de Alberto Fujimori presentó un nuevo habías corpus, que fue desestimado por el judicial el 22 de mayo.